El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha emitido una resolución sin precedentes en Europa, condenando a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por su pasividad ante la contaminación del embalse de As Conchas, en Ourense. Durante años, la ganadería intensiva ha dejado una huella devastadora en la comarca de A Limia. Los purines de más de 300 macrogranjas han terminado por envenenar la tierra, los pozos y el agua pública, con niveles alarmantes de nitratos y cianobacterias.
La sentencia, que responde a la demanda de varios vecinos afectados con el apoyo de organizaciones ecologistas, va mucho más allá de una simple condena por mala gestión ambiental. Reconoce expresamente que se han vulnerado derechos fundamentales: el derecho a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y el derecho de propiedad. Y lo hace de forma clara: la situación, prolongada durante más de dos décadas, ha provocado un sufrimiento físico y moral que no puede seguir siendo ignorado.
Los jueces no se andan con rodeos: hay dos responsables claros. La Xunta, por permitir el crecimiento descontrolado de estas instalaciones sin evaluar ni gestionar adecuadamente sus residuos, y la Confederación, por no actuar pese a tener indicios más que suficientes de que la calidad del agua se estaba deteriorando gravemente desde al menos 2011. Ambas instituciones, concluye el tribunal, conocían la situación y no hicieron nada para remediarla.
Además de obligar a adoptar medidas inmediatas para restaurar el entorno del embalse y garantizar el suministro de agua potable en condiciones seguras, la sentencia impone una indemnización de hasta 30.000 euros por persona afectada, a razón de 1.000 euros al mes hasta que se corrija la situación. El fallo no es firme y puede ser recurrido, pero marca un antes y un después: por primera vez, un tribunal eleva la degradación ambiental a la categoría de violación de derechos humanos.
Desde Batlle & Seoane valoramos muy positivamente esta resolución. Supone un paso firme hacia una justicia que protege no solo las normas, sino la dignidad de las personas. Porque cuando el entorno se vuelve tóxico y las instituciones fallan, el Derecho debe estar ahí para defender a quienes más lo necesitan.
Si te sientes desprotegido frente a una situación de abuso ambiental, negligencia institucional o vulneración de tus derechos fundamentales, no estás solo. Llámanos. En Batlle & Seoane estudiamos tu caso con rigor y te ayudamos a reclamar lo que te corresponde.