Mario no buscaba venganza. Solo quería entender qué había pasado, por qué nadie en el hospital parecía hacerse cargo de lo que vivió. Y, sobre todo, quería evitar que alguien más pasara por lo mismo. Por eso confió en la Justicia.
Y esta vez, sí hubo respuesta.
Tras meses de procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia. Lo primero que dejó claro es que la infección que sufrió Mario no fue una casualidad ni un riesgo inevitable, como a veces se argumenta. No. El tribunal consideró probado que esa bacteria tan resistente, que casi lo deja sin movilidad, la contrajo dentro del hospital. Una bacteria hospitalaria, que solo puede circular en un entorno clínico mal controlado. Dicho de otro modo: fallaron los protocolos de higiene.
Pero eso no fue todo.
El tribunal también valoró lo que vino después. Porque tras esa segunda operación, cuando parecía que todo mejoraba, Mario fue enviado a casa sin un seguimiento adecuado. Volvió una y otra vez a urgencias, con fiebre, dolor, y señales evidentes de que algo no estaba bien. Y sin embargo, durante más de medio año, nadie le dio una respuesta ni un tratamiento eficaz.
Además, el hospital ni siquiera pudo demostrar que le pidieron el consentimiento informado antes de reintervenirlo. Algo que no solo es obligatorio por ley, sino también una muestra básica de respeto hacia cualquier paciente.
Por todo ello, el tribunal condenó al SERGAS y a su aseguradora a indemnizar a Mario. Le reconocieron los gastos que asumió en la clínica privada —porque tuvo que pagar de su bolsillo lo que el sistema público no supo solucionar—, y le concedieron además una compensación por el daño moral.
En total: más de 59.000 euros. No fue la cantidad que había reclamado, pero fue algo mucho más importante: el reconocimiento de que hubo errores graves y que alguien debía responder.
¿Qué enseñanzas deja este caso para otros pacientes que se hayan sentido igual de desamparados? ¿Se podría haber conseguido una indemnización mayor?
Te lo contamos en próximas publicaciones.
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